Naturaleza Jurídica de los Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DAA)

El primer texto nacional en el cual se regula la utilización de las aguas data de 1819, y pertenece a O’Higgins, quien dictó un Decreto Supremo donde define las dimensiones de un regador, forma de venta y responsabilidad de las bocatomas.  El Código Civil, que empieza a regir desde 1857, es el primer instrumento que define que “los ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales son bienes nacionales de uso público”, además de regular que el acceso a las aguas se realiza por la vía de “mercedes”, las que “se conceden por autoridad competente”.  En 1872 con la Ordenanza sobre la distribución de las aguas, se someten a turno las distribuciones de las aguas en periodos de sequía.  Esta ordenanza creó lo que se denomina ahora derechos permanentes y eventuales.

Desde el proyecto de Código de Agua de 1930, se introduce el concepto de “Derecho de Aprovechamiento de Aguas” (DAA) y es en el Código de 1951 donde se desarrolla más este concepto, estableciéndose que “El Derecho de Aprovechamiento sólo se puede adquirir en virtud de una merced concedida por el Presidente de la República en la forma que establece este código”. 

El Código de Aguas de 1967, debido a su contexto político más centralizador, refuerza el concepto de las aguas como dominio público y se “cambia la naturaleza jurídica del Derecho de Aprovechamiento”, consistiendo esta nueva naturaleza jurídica, “en darle a éste el carácter de una concesión del uso del bien nacional de uso público con sujeción a normas de derecho público.” Los DAA pasan a ser administrativo caducable y el proceso de resignación del agua lo somete a planificación para ser ejecutado mediante la “tasa de uso racional y beneficioso”

A partir de los cambios políticos ocurridos en Chile en el año 1973, el paradigma económico vigente cambia desde uno donde el Estado debe proteger y velar por la asignación óptima de los recursos, a otro donde el mercado es el encargado de asignar los recursos de manera eficiente.  Los distintos instrumentos y ordenanzas presentadas anteriormente, incluyendo los Códigos anteriores al de 1981, presentaban limitaciones para permitir la conformación y operación de un mercado de aguas eficiente y coherente con el nuevo sistema económico.  Estas limitaciones hacen referencia principalmente, a la definición de los derechos de aprovechamiento, el nivel de información disponible para los usuarios, los costos de transacción, los eventuales daños a terceros, los mecanismos de resolución de conflictos, la especulación del recurso hídrico y la institucionalidad o marco legal necesario para que el mercado funcione como corresponde. Por ende, como señala el ex Ministro de Hacienda Hernán Büchi (1993), "el sentido que tuvo la acción gubernativa en este campo, fue crear derechos sólidos de propiedad, no sobre el agua misma sino sobre el uso de las aguas, y facilitar por todos los medios el funcionamiento ordenado del mercado".

El sistema del derecho de aguas establecido en virtud del DL 2.603, de 1979, y del Código de Aguas de 1981 (CA), consagra el sistema concesional de los derechos de aguas, pues éstas siguen manteniendo su condición de bienes nacionales de uso público. No obstante, los derechos de aprovechamiento de aguas gozan de una amplia protección, de un marco jurídico especial y pueden ser libremente transferidos.  La actual legislación consagra una total libertad para el uso del agua a que se tiene derecho, quedando el dueño del título en libertad de aprovechar el agua para el uso que le plazca.  Hay que considerar que cuando se definió el DAA, no se pensó en los usos del agua en la corriente tales como recreación y pesca, entre otros.

Problemas con el Sistema de Agua Potable Rural en Chile (APR)

Varios oradores de las grandes empresas sanitarias municipales en el Water Education Foundation Executive Briefing señalaron el actual nivel de negligencia de infraestructura que la mayoría de los usuarios ignora. Este abandono no sólo desperdicia el agua debido a fugas , sino que podría tener graves consecuencias económicas y de salud . Lo mas preocupante es que no cuentan con los fondos necesarios para revertir este abandono, tampoco visualizan fuentes de financiamiento en el futuro cercano.

Se concluye que que los gobiernos son muy buenos para suministrar la infraestructura inicia, financiando la construcción de sistemas de agua potable,  pero ineficientes para mantenerlos. Lamentablemente lo mismo ocurre con el sistema de agua potable rural en Chile (APR). 

El programa APR tiene cobertura nacional y viene de los años 60 en que  estuvo a cargo del Servicio Nacional de Salud. Desde el año 2002 a la fecha su ejecución radica en la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH).

Los criterios de focalización son ser localidades concentradas y semiconcentradas, la población debe residir permanentemente en la localidad cuyos jefes de hogar dependen económicamente de la actividad agropecuaria o en calidad de trabajadores dependientes. No están definido, por parte de la DOH, los mecanismos de selección entre la población beneficiaria cuyos proyectos serán evaluados para luego ser presentados al gobierno regional. En la priorización de los proyectos participan los gobiernos regionales, por intermedio de los respectivos Consejos Regionales, a partir  de proyectos  que han aprobado su factibilidad técnica, económica y social de MIDEPLAN. El Estado subsidia íntegramente desde los Estudios de factibilidad hasta la instalación de la infraestructura y con las tarifas que posteriormente deben pagar los beneficiarios, se  debe financiar la operación, administración y el mantenimiento  del sistema de agua potable.

El problema que dio origen al programa está claramente identificado al constatar que gran parte de la población rural no tenía agua potable rural con las consecuencias de salud pública que ello involucraba. A comienzo de la década del 90,  el acceso a la red de agua potable en el sector urbano llegaba al 98,5% y en las localidades rurales concentradas sólo al 80%.

La prioridad en la asignación de los recursos la ha tenido la construcción de sistemas de aguas potables, en la medida que se privilegió alcanzar la total cobertura de las localidades concentradas. En promedio se instala 21 sistemas por año en el período 2003 – 2006.  El número total de sistemas de APR entregados a localidades concentradas disminuye anualmente, pasando de 44 sistemas el año 2003 a 4 sistemas instalados el año 2006, lo cual representa una caída de 90,91% en el período 2003 a 2006, alcanzando una cifra acumulada de 1427 sistemas de APR instalados en localidades con población concentrada.  Esta disminución se debe a que la cobertura de localidades concentradas el año 2003 alcanzaba un 82,9%, cobertura que aumenta a 98,8% al año 2006.

A partir de 2004, se incorpora la población rural semi-concentrada.  Los sistemas de APR entregados a estas localidades aumentan en un 16,67% entre el año 2004 y 2006. Del total de sistemas de APR entregados entre el año 2003 y 2006, el 58,1% corresponde a sistemas instalados en localidades semi-concentradas. La participación de sistemas de APR instalados y entregados a localidades semi-concentradas, respecto al número total de sistemas entregados, ha aumentado anualmente. Así en los años 2004, 2005 y 2006, ellos representan un 41%, 63% y 84% respectivamente.

Sin embargo, es importante señalar que las tarifas que mantienen los Sistemas APR cubren los gastos de operación y generan mínimos excedentes; en un 75% de los servicios las tarifas permitirían cubrir gastos de operación, mantención y reparaciones menores sin dificultades y sólo en un 22% de los servicios permite realizar inversiones mayores como ampliaciones de redes, adquisición de equipos de bombeo, instalación de estanques, etc. Actualmente, un 43,7% de los servicios sólo emplean un cargo fijo en la tarifa y 56,3% incorpora un cargo fijo y variable en su tarifa.  Un 85% de los servicios presentan un índice de recaudación menor a 1 (el índice de recaudación se determina como la razón entre el monto recaudado con respecto al monto facturado en el último año).  

De los problemas señalados anteriormente de variabilidad de modelos tarifarios, valores de estos que en ocasiones no cubren los costos de operación y la disminuida capacidad de recaudación por falta de un marco regulatorio. 

La cantidad de agua suministrada por los sistemas de APR instalados y entregados es bien evaluado por los usuarios, con una calificación de 6,4, de una escala de 1 a 7, y presenta un 83,2% de satisfacción.  A su vez, un 87% de los servicios presentan resultados dentro de la Norma en cuanto a calidad del recurso que producen y un 83,9% no presentó coliformes fecales en las muestras analizadas.  Respecto a la continuidad, un 89% de los sistemas de APR tienen servicio de agua potable en promedio 24 horas al día. 

La población beneficiaria efectiva acumulada alcanza a 1.489.206 habitantes rurales al año 2006.  Sin embargo, se observa una negativa evolución del número de beneficiarios efectivos, con una disminución de 40,91% en el período 2003 – 2006. La baja de 40,9% en la población beneficiaria, se explica por la significativa reducción en la población beneficiaria de las localidades concentradas. En cuanto a los beneficiarios efectivos se constata una disminución de 92,9% en los beneficiarios efectivos de localidades concentradas en el período 2003-2006, pasando de 21.041 beneficiarios el año 2003 a 1.420 en el año 2006.  En cambio, los beneficiarios efectivos en localidades semi-concentradas aumentan en un 12,1% pasando de 9.300 a 10.423. 

Es muy positiva la evolución del indicador de cobertura de la población de localidades rurales con población concentrada sin agua potable ya que se ha  logrado cubrir un 96,6% de la población y un 98,8% de las localidades al año 2006. Cabe consignar que del total de la población rural al año 2006, el 48% no tiene agua potable; esta corresponde a población semiconcentradas y dispersa.

Un desafío importante del Programa APR, que justifica su continuidad, es que después de 40 años de inversión se ha creado un Sistema de APR abasteciendo a 1.545.909 personas (2006), que requiere de mejoramientos y ampliaciones.  Cabe consignar que un 57% de los servicios de APR instalados y entregados desde el comienzo del Programa no han realizado todavía mejoramientos, y la mayoría de estos sistemas son deficitarios, ya que por su tamaño y por la capacidad de pago de los usuarios no generan los ingresos suficientes para financiar las inversiones. Por lo tanto, estos sistemas no son sustentables.

Unwillingness to improve water markets

Cheap talk or walk the walk?

Posted by David Zetland: 22 Feb 2012 04:30 AM PST Aguanomics

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In my recent keynote talk (38min, 13MB MP3) at the Water Rights and Trading Summit in Scottsdale, AZ, I wanted to spend less time on anecdotes and theory and more time on impact.

I asked participants to "raise you hand if you want water markets in Arizona to work better" (at about 5:30). As I circulated among the tables (it was a lunch talk), it looked like over 60 of the 70 or so participants raised their hands.

I then went on to talk about the problem of transaction costs (TCs), and how high TCs can make it harder to trade water or operate a water market.

From there, I outlined how all of them would benefit from lower TCs, and how policy changes would lower those costs. Water markets in Australia, e.g., are much more "liquid" due to changes in rules on moving water between irrigation districts, registering ownership rights, etc.

I went on to say that the difficulty in lowering TCs was not the time or effort involved in promoting and implementing reforms (usually through some form of lobbying), but finding the right people to put in that effort. The audience for my talk represented a healthy portion of the total population who stood to make direct gains from lower TCs and a better functioning market in Arizona, but which of them was going to put in the time to improve policy?

In my book, I define a collective action problem as the case when...

A small number of people can do a lot of work that benefits everyone. For example, members of Group A could spend a total of 500 hours to save $100 for each person in Group A and Group B. Members of Group B would get $100 in benefits at no time cost. When given the choice of which group to join, most people will join Group B as free riders. The results of this collective action are too few people in Group A, no action, and the continuation of a status quo without savings.

So the members of my audience also faced a collective action problem: who was going to take his own time to move for policy changes that would benefit everyone when it was possible to wait for someone else to do that work?

Luckily, I had a solution to this problem of "first mover disadvantage" that draws on economic research, i.e., a group commitment to act.

So I reminded everyone how about 60 people had agreed that they wanted to improve markets. I then said (paraphrasing)

I want each of you who really does want to improve markets to take out your business card and put it in the hats that are going around. If we collect more than 50 cards, then each card will represent your pledge of $100 towards improving water markets in Arizona. I am not going to handle this money -- we will figure out how to use it later -- but now is your chance to show that you are really committed to improving water markets. If we collect fewer than 50 cards, then nothing happens.

The idea here is that we avoid the collective action problem by using a "threshold" commitment mechanism. If 50 of the 70 or so people signed up, then, first, there would be enough group cohesion to make those few who act feel as if they are supported (the money can work towards that), and second, that there would be enough people in the majority that holdouts may join, so as not to not be left out.

Unfortunately, only 31 people followed my lead by putting their cards in the hats.**

So, no, a bunch of people who said they wanted to improve water markets in Arizona seemed more interested in cheap talk than walking the walk.***

Bottom Line: Water markets do not just make themselves. Market institutions need care and attention to emerge from existing and re-written rules, and their participants need to contribute time towards making those institutions work. Unfortunately, it does not look like Arizona's "market makers" understand how they need to work as a group to improve their markets before they can reap their individual rewards from the function of that market.

VARIACIÓN DEL VALOR DE LA TIERRA AGRÍCOLA

La agricultura es un importante sector productivo de la economía de un país, pesar de su baja participación en el PIB, y su importancia no está relacionada únicamente, a la producción de alimentos, sino también, por su participación en la generación de riqueza, empleos y desarrollo regional.  En las últimas décadas en Chile, la agricultura ha sido un importante factor para la reducción de la pobreza, debido a su participación en la creación de empleos en zonas rurales. La agricultura, además de una actividad comercial es una forma de vida, identidad cultural y pacto ancestral con la naturaleza, sin embargo, los indicadores tradicionales no reflejan este valor subjetivo.

La tierra es el principal factor productivo en el sector agrícola, su oferta es limitada, es un recurso natural no renovable y la calidad del suelo es heterogénea. Además de ser un insumo indispensable a la producción, la tierra funciona como reserva de valor, actuando como instrumento de protección del capital en períodos de inflación alta.  En un contexto general, de los 75,6 millones de hectáreas  que dispone Chile, 35,1 millones son dedicados a las explotaciones silvoagropecuarias, extensión relativamente pequeña, comparándose a otros países de la región, dado al tamaño y limitaciones del territorio chileno, lo que hace que la oferta de tierra agrícola sea  inelástica en el largo plazo. En este escenario de limitaciones de tierras cultivables, el estudio del valor de la tierra agrícola en Chile toma un rol importante para el sector agrícola.

A escala nacional, es interesante revisar cómo se han comportado los precios en el periodo 1999 -2010. En el Figura Nº 1 se puede apreciar que entre el año 2000 y el 2003 se evidencia una caída de los precios (de 373 a 245 UF/ ha en los años mencionados), después de la cual comienza un crecimiento sostenido para alcanzar las 437 UF/ha. 

Figura 1: Evolución del precio de la tierra agrícola en Chile en el período 1999-2010 (UF/hectárea)

              Fuente: Elaboración propia en base a datos de ODEPA, 2011

El descenso del precio de la tierra agrícola observado entre 1999 y comienzos del 2003, se explica parcialmente por el efecto de la crisis asiática en Chile. La crisis asiática del año 1998 generó una reducción en la demanda de los productos exportados en los mercados asiáticos. Esta situación se aprecia en la Figura 2, donde se presenta la evolución del valor de las exportaciones silvoagropecuarias y pesqueras de Chile.  Se puede observar que las exportaciones nacionales no presentan un incremento significativo hasta el año 2001, producto del efecto de la crisis en el sector, entre otros factores.  Por otro lado, las inversiones en los países considerados emergentes se redujeron considerablemente.  Esto derivó en una importante merma en la inversión extranjera en la agricultura chilena. Ambos efectos provocaron una merma en la rentabilidad del sector, lo que se tradujo en una reducción en los precios de oferta de la tierra agrícola.

Figura 2. Evolución de Exportaciones de Bienes Silvoagropecuarios y Pesqueros.

                            Fuente: Elaboración propia, 2011.

A su vez, el valor de la tierra muestra un significativo aumento entre 2007 y 2009, período que coincide con la última crisis financiera por la cual se registró una fuerte retracción de las economías mundiales, especialmente la de los países desarrollados, fenómeno que impactó también a la economía de Chile.  El alza del precio de la tierra agrícola se debe a que la tierra funciona como reserva de valor, actuando como instrumento de protección del capital en períodos de fuerte volatilidad de los activos financieros y de inflación alta.

En la Figura 4 se aprecia la evolución del precio unitario de la tierra agrícola por regiones.  Con respecto al precio, en la Región de Atacama, éste alcanza una media de 293 UF/ ha. El mínimo valor se dio el año 2008 y correspondió a 138 UF/ ha, mientras que el máximo valor se registró el año 2005 (474 UF/ ha).  La Región de Coquimbo cuenta con una media de 273 UF/ ha y una desviación estándar de 249 UF/ ha por debajo del promedio nacional de 380 UF/ha.

La región de Valparaíso y la región Metropolitana presentan precios están dentro de los más altos del país, con una media de 560 y 680 UF/ha respectivamente. La región Metropolitana registra el valor mínimo más alto comparado con las otras regiones que comprende el estudio. En la misma línea, destaca el valor promedio del valor de la tierra para el año 2000 de 1.199 UF/ha, que supera significativamente la media regional para el período de análisis. La región de O’Higgins tiene las mismas características mencionadas, aunque las diferencias con respecto a la media nacional no son tan amplias como para las regiones Metropolitana y de Valparaíso.

Figura 3: Precio Unitario UF/ha nivel regional

Fuente: Elaboración propia en base a datos de ODEPA (2011)

Las regiones del Maule, del Bío- Bío y tienen precios promedio bastante similares entre sí (201, y 210 UF/ ha respectivamente), y se encuentran por debajo el promedio nacional.  La Región de la Araucanía presentó un aumento importante en la media del precio de la tierra entre 2005 y 2008; esta tendencia se revierte a partir del 2009. Sin embargo, los promedios anuales no sobrepasan la media nacional de 314 UF/ha.  La región de los Ríos, reconocida a partir del año 2007, presenta una media de 245 UF/ ha y una desviación estándar de 333 UF/ ha.

Por último, la región de Los Lagos tiene la particularidad de presentar el valor mínimo más bajo de la tierra agrícola por hectárea de la muestra. Este valor corresponde a 93 UF/ ha. Además,

En síntesis, la información recolectada abarca un extenso período de tiempo, e incluye las regiones agrícolas más importantes del país permitiendo apreciar diferencias en el precio y en la extensión de los predios ofertados en las distintas regiones del país.  La información recopilada y los resultados obtenidos hasta el momento, constituyen un aporte a la comunidad en general, y un insumo importante en la discusión y evaluación de distintas políticas agrícolas.

Aún así, existen ciertos tópicos pendientes que pueden tratarse en futuras investigaciones sobre el precio de la tierra agrícola. Por ejemplo, evaluar los efectos de políticas agrícolas y macroeconómicas, variables climáticas, cambios en los patrones de cultivo, urbanización y conectividad vial.

Los desafíos que enfrenta el INIA

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) enfrenta desde 2004 una grave crisis económica, producto de que sus costos operacionales superan largamente sus ingresos operacionales. Cada año, la institución  genera déficits promedios de $1.045 millones por este concepto. Una simple operación aritmética arroja un déficit acumulado de más de $7.300 millones a diciembre 2010.

Para reducir este problema endémico, a partir de junio 2010, cuando asumí la dirección de INIA, impulsé la búsqueda de economías de escala, la transformación de diferentes componentes de costos fijos en costos variables y otras acciones que permitieran una gestión eficiente. 

Sin embargo, es importante destacar que estas acciones anteriores atacaban sólo el 20% del problema. El 80% del gasto del INIA se explica por los elevados gastos de personal.  Para abordar este problema, se realizó una evaluación de los profesionales, analizando su productividad científica y compromiso con la institución. Como resultado de esta evaluación (evaluación bajo 4,0 en una escala de 1 a 7) fueron desvinculados 29 personas en septiembre, una cifra no relevante dentro del universo laboral del Instituto.

Su desvinculación resultó sin duda dolorosa para el INIA, quien invirtió en su oportunidad recursos en su capacitación. Pero cabe preguntarse si Chile puede darse el lujo de mantener  profesionales que presentaban una baja o nula productividad científica en los últimos diez años,   y, por ende, no generaban innovación.

Por otra parte, se ha señalado que durante mi gestión habría entregado “patentes casi gratis a Anasac”, afectando gravemente el patrimonio de INIA. Tal afirmación revela una completa ignorancia o simplemente mala fe. Una de las actividades comerciales del INIA es la multiplicación, distribución y venta de semillas.  Para ello, el INIA tiene y ha tenido a lo largo de su historia diversos acuerdos de producción y venta de sus semillas con empresas del sector, entre ellas Anasac.  Sin embargo, bajo la anterior dirección del Sr. Leopoldo Sánchez se puso término a dicho convenio.  Considerando los altos costos de producción propia de INIA, debido a ineficiencias técnicas, estimé necesario reactivar dicho acuerdo de comercialización por lo que en la sesión 314  informe al Consejo del INIA que había iniciado conversación con la mencionada empresa  Anasac para retomar la comercialización de las semillas de trigo que INIA produce, manteniendo esta última la propiedad intelectual de las variedades de trigo generadas a través de los años.

Finalmente el Consejo, en su sesión 315, resolvió “no acoger la propuesta” considerando que podría ser más rentable mantener esta actividad en lugar de externalizarla, lo que requiere eso si, a nuestro juicio, realizar cambios estructurales profundos en INIA para que esta actividad deje de ser ineficiente técnica y económicamente. Por tanto, asegurar que INIA entregó a Anasac patentes de sus propias semillas es una completa equivocación o simplemente mala voluntad, dado que el Sr. Sánchez recibió en su oportunidad una oferta similar de parte de Anasac.

Para concluir, quisiera destacar que uno de los temas que más está impactando a la agricultura de hoy es la velocidad del cambio.  Las transformaciones en la política económica nacional e internacional y en las estrategias de desarrollo, tanto en los países demandantes de productos agrícolas chilenos como en los competidores, están generando un rápido cambio de escenario. Para tener una agricultura competitiva y sustentable en el tiempo se requiere de una capacidad de innovación permanente. En este contexto, se presentan desafíos y oportunidades a la investigación y desarrollo tecnológico, para generar  resultados que contribuyan a tener productos. 

Estamos en una economía globalizada manejada por la tecnología, en donde sólo aquellos que innovan podrán crear las instituciones ágiles capaces de sobrevivir.  La agricultura que no tenga capacidad de reacción, está destinada a morir.  El INIA requiere, entonces, de un proceso de renovación de las capacidades de investigación, impulsado por un espíritu innovador basado en la creación de conocimiento. Este es el verdadero desafío que enfrenta nuestro país. 

Integración de políticas para una regulación ambiental

Hasta el presente las experiencias nacionales e internacionales muestran que las políticas ambientales y de recursos naturales no han tenido mayor éxito en aminorar los efectos perjudiciales de la degradación del medioambiente y de los recursos.  Esta carencia de efectividad se explica en parte porque la mayoría de las políticas aplicadas han sido diseñadas en forma parcial y no se basan en un análisis integral del problema.  Frecuentemente en el diseño de las políticas no se ha incluido todos los factores involucrados en la toma de decisiones de los agentes económicos y, además, el proceso para implementarlas y fiscalizar su cumplimiento se encuentra fragmentado entre diversas agencias gubernamentales.  Esta fragmentación se debe a que el crecimiento de los gobiernos ha hecho necesario descentralizar la administración de las políticas públicas, lo que ha llevado a cada una de estas agencias a mantener la administración y control de un conjunto de políticas como una estrategia de sobrevivencia y poder.  El resultado ha sido la elaboración y puesta en marcha de diversas políticas sectoriales y de recursos independientes, que a menudo persiguen propósitos opuestos.  Esto pone de manifiesto la necesidad analizar la legislación vigente y diseñar mecanismos que faciliten la cooperación y coordinación entre las diversas políticas e instituciones, para lo cual se requiere investigar y determinar las posibilidades técnicas, políticas e institucionales asociadas.

PALABRAS CLAVE:  Política de Recursos, Política Sectorial, Coordinación de Políticas

http://200.75.6.169/RAD/2002/2-3-4_Donoso.pdf

INVASIÓN DE CIERVO ROJO EN TIERRA DEL FUEGO: CONSIDERACIONES Y ACCIONES PARA LOGRAR DETENER UN DESASTRE AMBIENTAL EVITABLE

 

Antecedentes Generales
Hasta el año 2000 la Región de Magallanes era una de las pocas áreas del sur de Chile que no presentaba presencia de ciervo rojo (Cervus elaphus). Esta especie, originaria de Europa, es una de las 100 especies más invasoras del mundo, con impactos profundos sobre la vegetación, fauna nativa, y actividades productivas como la ganadería local y la industria forestal. Apoyado por un proyecto de la Fundación para la Innovación Agraria, un grupo de ciervos colorados fue introducido a la isla grande de Tierra del Fuego, en lo que constituye el primer arribo de la especie a toda la Región de Magallanes.

           

El objetivo de dicho proyecto es desarrollar y aplicar técnicas de crianza de ciervo rojo en
cautiverio con fines productivos, bajo las condiciones de Tierra del Fuego, con la esperanza de generar capacidades complementarias a la ganadería tradicional de Magallanes. Para ello se estableció un Centro Reproductor de la especie en la Estancia Tres Hermanos en Tierra del Fuego, localizado en la porción centro norte de la Isla, en ambiente de estepa. Este centro reproductor fue autorizado por SAG, al igual que un segundo centro que sería establecido en la Estancia Valle Hermoso, localizado en la parte sur de la isla, en ambientes de bosque.

Este proyecto fue implementado con un costo inicial de $ 187.739.168, demostrándose que:

• los ciervos presentan rápida adaptación a la zona.
• la especie podría ser criada en extensiones mayores, pudiendo ser un complemento a la ganadería tradicional.
• los ingresos anuales generados por este “emprendimiento” son cercanos a los 7 millones de pesos.
• este negocio podría implementarse en otras zonas del centro y sur del país.
• el ejecutor propone implementar un coto de caza en zona sur de Tierra del Fuego.
  

La Agencia reconoce además que:

• No hay nuevos emprendimientos de cría de ciervos en la zona.
• Se debe evitar que los ciervos se desplacen a otras zonas, con el fin de evitar problemas ambientales.
• No hay normativa para faenas y desposte de especies exóticas, lo que afecta el valor de la producción.
• No es posible certificar productos, por lo que su exportación a mercados competitivos no es viable.
• La venta tiene sólo alcance nacional, pues no hay matadero autorizado para la especie.

Respecto del Proyecto Original

• Se reconoce en el proyecto que el problema fundamental de la actividad ganadera en Tierra del Fuego es la pérdida de la calidad del forraje producto de la erosión, la cual supera el 80% de la superficie. A pesar de ello, su propuesta “innovadora” insiste en promover aún más la ganadería, con la única diferencia de la especie utilizada para ello. Esta innovación resulta paradojal, considerando incluso que un ciervo en promedio consume 1,4 veces más forraje que una oveja con cría, lo cual ejercería una carga aún
  mayor sobre las agotadas praderas fueguinas, hecho que se refleja en la necesidad de suplementar la alimentación de los ciervos.

 

• Se menciona que el ciervo podría ser una marca “Producto de Patagonia”, desconociendo que esta especie es originaria y común en Europa y Norte América y que justamente los visitantes extranjeros que llegan a Patagonia lo hacen atraídos por las condiciones naturales y prístinas de esta región. Un visitante extranjero con conciencia ambiental no tienen interés en ver especies exóticas en un sitio como Patagonia, ni mucho menos de comprar un producto que demostradamente afecta los ecosistemas nativos.
• El proyecto menciona como objetivo la instalación de una colonia reproductiva en un predio (Estancia 3 Hermanos, localizada a 120 km al sur de Porvenir, en la comuna de Porvenir). Sin embargo, la autorización de SAG incluye un segundo predio (Valle Hermoso, en el sector Vicuña), distante a 140 km del primer predio, localizado en el sur de la isla, en zona de bosques, a 279 km de la ciudad de Porvenir. Tanto la localización comunal, como la distancia a la ciudad están erróneamente indicadas en dicha autorización.
• Este predio colinda con Argentina, con la implicancias diplomáticas y geopolíticas que el escape y expansión de la especie puede generar en esa zona.
• El proyecto se basa en la reproducción en cautiverio, pero no menciona que la tasa de escape de ciervos es enorme y ha determinado que haya invadido numerosas regiones en el mundo. El escape de animales se debe a habilidades de la especie, a fallas humanas, a fallas técnicas, a condiciones ambientales, o a una combinación de ellas. Todas comunes en Chile, especialmente en Tierra del Fuego.
• El proyecto sólo incluye como medida de seguridad para evitar el escape de los ciervos el uso de cercos de 2,4 m de altura, confeccionados con malla “ursus”. Estas condiciones no dicen nada con relación a los cercos mundialmente aceptados para criaderos de ciervo, los cuales deben utilizan una tecnología claramente definida, aceptada y promovida por agencias internacionales. A pesar de ello, la aprobación del SAG redujo el nivel de exigencia, ni siquiera estipulando el uso de malla “ursus”. De hecho, Chile carece de normativa respecto de las condiciones para cría de mamíferos exóticos.

• El proyecto presentado no consideró en ningún momento los impactos ambientales que se derivan de la invasión de ciervos, haciendo caso omiso de las decenas de trabajos científicos, de divulgación y otros que explicitan los problemas ambientales que derivan de dicha invasión, los cuales son ampliamente reconocidos en todo el mundo, tales como Skewes O & D González (2002).
• El proyecto sólo tiene una línea al respecto, que dice ”…potencial efecto dañino que pueden tener cuando son introducidos en nuevos ambientes, particularmente sobre la regeneración y crecimiento del bosque, o sobre la fauna nativa”, sin entregar data u otros antecedentes para evaluar la importancia de este impacto. Reconoce además que el costo de recaptura de un escape será asumido por el propietario, dando por sobreentendido que una recaptura de ciervos es un evento logísticamente sencillo y que cuenta con el
  éxito garantizado. Hecho que la experiencia internacional, especialmente de Nueva Zelandia, demuestra totalmente lo contrario.
• El proyecto no sólo no consideró la información internacional referida a los escapes e invasión de ciervos, sino que tampoco las condiciones ambientales de la Región de Magallanes, las cuales tienen implicancia directa en cuanto al mantenimiento de ciervos en condiciones de cautiverio: el viento extremadamente fuerte de la zona, las condiciones de congelamiento y caída de nieve, las cuales son frecuentes, aseguran la destrucción de los cercados en la isla, al igual que la altísima frecuencia de caída de árboles en zonas boscosas que hacen imposible el mantenimiento de la hermeticidad de los cercados. Como referencia, los volúmenes de nieve en Magallanes han llegado a 102 cm, y en los últimos años el rango ha sido entre 55 y 65 cm. Esta condición aumenta al doble en zonas montañosas, localizadas al sur de la Isla (sector Vicuña). El impacto de este fenómeno regular sobre los cercos es obvio, pese a lo cual no fue considerado en el proyecto.

Impactos ecológicos y manejo
La invasión de ciervos y su impacto sobre el medio ambiente han sido ampliamente estudiados en el mundo por especialistas. Se reconoce, sin embargo, que el escape de ciervos y las liberaciones premeditadas de criaderos resultan del pobre conocimiento de los impactos de los cérvidos por parte de los propietarios y de la ausencia de regulación consistente capaz de legislar acerca del manejo de ciervos en criaderos.

En Chile la expansión de esta exóticas invasora ha sido sostenida, fenómeno descrito para otras áreas del planeta. Actualmente, el ciervo rojo se distribuye en Chile entre el Maule y Aysén donde, entre otros, genera daños serios por ramoneo sobre la vegetación y también compite, generalmente desplazando, a especies nativas amenazadas como el huemul o pudú.

En las áreas donde se ha expandido esta especie exótica, ha generado grandes pérdidas para la industria forestal, agropecuaria, de transporte y ha contribuido en la transmisión de diversas enfermedades humanas y animales11 como la tuberculosis, una de ellas en forma relativamente reciente como el CWD (Chronic Wasting Disease) en América del Norte.

El forrajeo selectivo del ciervo rojo afecta el crecimiento y la sobrevivencia de hierbas y pastos, matorrales y especies de árboles, modificando los patrones de abundancia y la dinámica de la vegetación. Efectos en cascada en otras especies se extienden a insectos, aves, y por supuesto a otros mamíferos. En los bosques, el sobre-ramoneo reduce la cobertura y diversidad de las plantas, altera el ciclo del carbono y de nutrientes, y redirige el cambio en la sucesión de la futura composición del dosel.

En Argentina, en el norte de Patagonia, en la provincia de Neuquén, el ciervo rojo fue introducido alrededor de 1920. En los últimos 20 años y pese a la presencia de una abundante y saludable población de pumas que depredan sobre este cérvido en forma regular, las poblaciones de ciervo rojo se han duplicado y hasta triplicado en abundancia en algunos lugares siendo su presencia habitual en los jardines de las casas en el casco urbano de la localidad de Junín de los Andes. Esto muestra a las claras el tremendo potencial reproductivo de la especie, aun en presencia de una fuerte presión de depredación. En Tierra del Fuego no es el caso, pues no existen depredadores naturales de gran tamaño.

La escala binacional de la invasión en Tierra del Fuego Si bien el estado Chileno es soberano en su territorio, la fauna silvestre no reconoce fronteras, siendo el caso del castor emblemático en Tierra del Fuego, donde esta especie que fue introducida en Argentina hace 60 años, hoy ha colonizado todos los ecosistemas existentes en la isla, destruyendo un 25% de los bosque de Tierra del Fuego, estando ahora en el continente donde es la amenaza más cierta sobre la biodiversidad de Patagonia.

En respuesta a esto, ambos Estados han invertido millonarias sumas para intentar frenar este problema, sin éxito alguno hasta el momento.  Esta experiencia local, sumada al conocimiento global, ha hecho que el Gobierno Argentino y el Gobierno Provincial de Tierra del Fuego Argentina hayan expresado oficialmente a partir del año 2004 y de manera persistente, su “preocupación” y “descauerdo” respecto de la introducción de ciervo rojo en Tierra del Fuego Chilena. La respuesta chilena a esta preocupación ha sido entregada por SAG, indicando que el proyecto trata de ciervos en cautiverio y que se han tomado las medidas para evitar escapes.

Por lo expuesto invitamos a todos los actores relevantes nacionales, encargados del bien
público, aquellos especialmente relacionados con la protección de la biodiversidad, o con la industria local ganadera, forestal, de turismo y otros, tanto públicos como privados, así como aquellos que gestionan las relaciones bilaterales en la zona, considerar las siguientes reflexiones:

• Entendemos que las consideraciones ambientales y la protección de la biodiversidad son cada vez más necesarias para Chile, y que el Ministerio del Medio Ambiente tiene como objetivo la protección de la biodiversidad y los recursos naturales nacionales, pues ellos son la base de todas nuestras actividades económicas.
• Consideramos que este proyecto de ciervos ha sido realizado sin la consideración ambiental adecuada, incluso obviando el riesgo comprobado de invasión de la especie en Tierra del Fuego.
• Se ha demostrado que además del escape inminente de ciervos desde su localización actual, se ha autorizado la instalación de un segundo grupo en una zona ambientalmente más sensible, donde las condiciones extremas hacen predecible y esperable el escape de los ciervos.
• Está demostrado que el impacto de la invasión de ciervos sobrepasará las fronteras, generando conflictos con nuestros vecinos argentinos.
• La invasión de ciervos conllevará costos ambientales enormes para la zona, así como costos económicos directos derivados de su control, e indirectos por pérdida de calidad de hábitat de esta zona prístina (una de las 6 áreas prioritarias para el desarrollo del turismo de naturaleza en la Región), costos indirectos por pérdida de calidad de recursos forestales y por transmisión de enfermedades al ganado local, entre otras.

Ante los antecedentes expuestos, creemos que el Estado de Chile debe hacerse parte de este problema, y promueva la elaboración de una estrategia conjunta que pueda lograr:

• La prohibición del traslado de ciervos a la parte sur de Tierra del Fuego o a cualquier otra localidad de la isla.
• Se promueva el retiro definitivo de los ciervos que hoy existen en la zona norte de la isla.
• Se declare a Tierra del Fuego una zona libre de ciervos y se prohíba su futura introducción con cualquier fin.
• Se utilice este ejemplo como un caso de estudio el que permita integrar la mirada sistémica al análisis de proyectos de inversión, que incorpore el análisis ambiental acabado y que evalúe el proyecto en el largo plazo, para determinar sus sustentabilidad efectiva.